Pekín se opone a la oferta de diálogo con Amnistía sobre derechos humanos y JJOO

El Gobierno chino ha rechazado la oferta de Amnistía Internacional (AI) para celebrar esta semana en Holanda una mesa de diálogo sobre derechos humanos y Juegos Olímpicos, al asegurar que "se opone a cualquier intento de politizar los Juegos".

AI había propuesto un encuentro el próximo jueves en el Parlamento holandés (con sede en La Haya) para hablar de deporte, Juegos Olímpicos y derechos humanos, entre autoridades chinas y miembros de la ONG.

Ante la iniciativa, la portavoz china de Exteriores, Jiang Yu, ha asegurado que "algunas organizaciones se empeñan en vincular asuntos políticos con los Juegos para oscurecer la imagen de Pekín 2008", y añadió que esos movimientos "están condenados al fracaso".

La portavoz dijo que China se ha comprometido a garantizar el éxito de los Juegos, "pues es el deseo de todo el mundo" y que mezclarlos con política "está en contra del espíritu olímpico".
Aprovechó Jiang para señalar que "ningún país es perfecto en materia de derechos humanos", y en los 30 años de reforma y apertura de China se han logrado grandes progresos en esta materia.

AI y otras organizaciones, como China Human Rights Defenders (CHRD) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han acusado a China de llevar a cabo una intensa persecución contra la disidencia política, que aumenta a medida que Pekín se acerca a sus JJOO.

La detención a finales de diciembre de Hu Jia, activista defensor de los derechos de enfermos de sida y crítico con la política de Pekín en materia de medioambiente, molestó a estas organizaciones, que han pedido su liberación y el final del acoso a la disidencia.

Jiang Yu ha declarado al respecto del caso Hu Jia que "ningún ciudadano tiene privilegios, todos son iguales ante la ley", y prometió que el caso del famoso disidente será tratado con arreglo a las regulaciones nacionales, añadiendo que Hu es sospechoso de "haber cometido ofensas". Hu es oficialmente investigado por "incitar a la subversión contra el Estado", delito que las autoridades chinas suelen imputar a los presos de conciencia, mientras la esposa del disidente, Zeng Jinyan, otra famosa activista pro derechos humanos, sigue en arresto domiciliario.